El 15 de abril de 1987, era el Domingo de Ramos, dando inicio a la Semana Santa en Argentina; ese día, el mayor Ernesto Barreiro acusado de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado, se negó a declarar ante la justicia en Córdoba el 15 de abril, atrincherándose en el Comando de Infantería.

Al día siguiente, un ex combatiente de Malvinas, el Teniente Coronel Aldo Rico, tomó la Escuela de Infantería en Campo de Mayo el 16 de abril, extendiendo la rebelión dirigida por un grupo que empezó a ser conocido como los Carapintada, pues habían pintado sus rostros como en las actividades de comandos de guerra.

La demanda fundamental era la impunidad para los militares procesados, el cese de los juicios y el cambio en la cúpula del Ejército, que entendían, no era el que había dirigido la guerra en Malvinas
y aunque militarmente fueron derrotados, lograron su objetivo político con la promulgación de la Ley de Obediencia Debida (N° 23.521), que ex culpó a la mayoría de los oficiales de rango medio y bajo.

Miles de ciudadanos se volcaron a Plaza de Mayo y hasta la misma puerta de las unidades copadas, exigiendo la rendición de los sublevados. El Presidente Raúl Alfonsín se hizo presente y negoció con Aldo Rico los términos de su entrega, y concedió una de las más importantes de sus demandas.

Sería la primera de cuatro sublevaciones Carapintada, de 1987 hasta 1990, reminiscencias de un militarismo que a lo largo del siglo XX, apeló a los golpes de estado como forma de participación en la vida política Argentina, pero que en estos levantamientos puntuales, se buscaba instalar por la fuerza la impunidad para los responsables del terrorismo de estado.

A pesar de las demandas obtenidas, Aldo Rico, tras fugarse de su arresto domiciliario, desconoció a la jefatura del Ejército y produjo el segundo levantamiento el 15 de enero de 1988, que duró hasta el 18 de ese mes, copando una unidad militar en Monte Caseros.

A diferencia de 1987, la facción leal al mando del general José Caridi rodeó a los amotinados, quienes se rindieron sin combatir. Rico regresó a prisión y más de 400 oficiales y soldados fueron juzgados, aunque las tensiones militares continuaron.

El tercer alzamiento carapintada, ocurrido entre el 1 y el 5 de diciembre de 1988 en Argentina, fue una rebelión militar liderada por el coronel Mohamed Alí Seineldín contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Con epicentro en Villa Martelli, buscaba cambiar la conducción del ejército y frenar los juicios por violaciones a derechos humanos, finalizando con la detención de Seineldín.

La Tablada: un golpe de antemano

El 3 de enero de 1989, el grupo guerrillero Movimientos Todo Por la Patria (MTP) asaltó el cuartel de La Tablada en la localidad argentina del Partido de La Matanza, Buenos Aires, donde se ubica el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 (RIM 3) .

El MTP era la reorganización del anterior Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de intensa actividad en los años 70, junto a otros grupos insurgentes como Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Haroldo Gorriarán Merlo, dirigente histórico del ERP, era el cuadro político y militar del MTP, que había cobrado fama por haber estado 25 años clandestino y haber ajusticiado en Paraguay al dictador nicaragüense, Anastasio Somoza.

La acción fue un fracaso militar y político con secuelas que perduran en el tiempo, pues en la reconquista de la unidad militar, se ejecutaron a guerrilleros que ya se habían rendido, e incluso alguno de ellos siguen desaparecidos.

Los dirigentes del MTP alegaron que el ataque tenía el objetivo de persuadir a los sectores golpistas de nuevos levantamientos Carapintada contra el gobierno de Alfonsín que entendían, había perdido legitimidad y mando ante los sectores militares.

La acción fue duramente cuestionada por el saldo de 40 muertos y decenas de heridos e incomprendida en sus objetivos políticos, por parte de una sociedad argentina que buscaba tras la ley de Obediencia Debida, la posible pacificación del país.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 1990, se produjo el cuarto y último alzamiento Carapintada, nuevamente liderado por el coronel Mohamed Alí Seineldín contra el gobierno de Carlos Menem. Aldo Rico ya había iniciado su carrera política como una de las expresiones de la ultra derecha argentina.

Manuales en desuso

La firme resistencia a los juicios contra los militares por delitos de lesa humanidad, era también la expresión de oficiales formados a la luz de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la dictadura militar que gobernó la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976.

Los dirigentes Carapintada formaban parte de la dictadura militar, y muchos de ellos venían con cierto reconocimiento entre sus pares por haber combatido en la guerra de Malvinas, un conflicto que hizo difuso el límite entre los terroristas de estado, y la defensa de la soberanía nacional.

El accionar de aquellos militares argentinos envalentonados, habían perdido de vista, (o confiaban demasiado en sus capacidades), que para 1982, cuando la dictadura de Galtieri le declara la guerra a Gran Bretaña, Estados Unidos ya había cambiado su política exterior.

En 1977, se erige en Presidente de los Estados Unidos el demócrata Jimmy Carter que impulsa hasta el fin de su mandato en 1981, una política de Derechos Humanos que tuvo a mal traer a las dictaduras del continente.

Pasado ese mal gobierno para los intereses militares, el triunfo del republicano Ronald Reagan alentó para ese entonces al General Fortunato Leopoldo Galtieri un nuevo acercamiento a Estados Unidos, que se encontraba sumido en ahogar las revoluciones en Centroamérica.

Pensando que contaría con su apoyo, Galtieri en la necesidad de darle continuidad al régimen militar ya desgastado políticamente, le declara la guerra a Gran Bretaña con el objetivo de recuperar las Islas Malvinas, objetivo que de alcanzar, seguía con la declaración de guerra al Chile de Pinochet por el control del Canal de Beagle.

Argentina «pintada»

Para 1987 cuando Aldo Rico intentó un levantamiento militar como el de 1976, Estados Unidos había abandonado su Doctrina de la Seguridad Nacional, por los Conflictos de Baja Intensidad, y para esa estrategia que iba a imponer el neoliberalismo económico, los golpes de estado ya no eran negocio.

De la mano de Ronald Reagan, vinieron los  documentos de Santa Fé que fueron redactados por la CIA en la ciudad de Santa Fe entre los años 1980 y 1986. Entre sus puntos más importantes están:

• Instalación de gobiernos próximos a los Estados Unidos con poca capacidad de gestión y dependientes de asesores enviados por estos.
• Promover reformas económicas neoliberales que facilitasen la inversión estadounidense y Europea en los países de América Latina, además de debilitar a las economías y a las empresas locales. Esta política ha sido conocida como consenso de Washington.
• Debilitar la posición de intelectuales de izquierda o críticos a los Estados Unidos y dar tribuna a políticos y pensadores favorables a sus políticas, con posturas conocidas como «populismo de derecha«.
• Usar la lucha contra el narcotráfico para fortalecer la presencia militar estadounidense y financiar a grupos paramilitares.

Dentro de esta campaña se planteó aumentar la influencia de la cultura y costumbres estadounidenses y alentar la propagación de religiones evangélicas fundamentalistas estadounidenses, que desde estos años han mostrado una gran expansión en muchos países, mediante financiación (a través fundamentalmente de fundaciones vinculadas al gobierno y programas de cooperación técnica) debilitando a los movimientos de resistencia a los Estados Unidos y canalizando las demandas del pueblo hacia el activismo religioso.

Todo esto sucedía mientras Aldo Rico en aquella semana santa de 1987, se imaginaba estar en la Argentina de fines de los 70, aunque el tiempo obró en su favor, a partir del gobierno neoliberal de Carlos Menem.

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